Tranquiliza conocer que a través de sus abogados la ciudadana Diolandita Cabrera, haya tramitado a la Procuraduría General de la República (PGR), la denuncia que el país conoció ayer. A esa tranquilidad sumamos la declaración del Ministerio de Educación de colocarse, como debe ser la acción inmediata del sector público, a disposición de los investigadores para contribuir con la misma. Es la práctica de sabernos dispuestos a la rendición de cuentas y el respeto al artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana que consagra la independencia de los Poderes Públicos.
La denuncia de extorsión a 39,500 servidores públicos con RD$30,000. O0 cada uno, alcanza la suma de 1,185 millones de pesos, es la más amplia, colectiva y silente extorsión masiva realizada en la República Dominicana. Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado. Investigación que sería un aporte a las políticas de transparencia que ha venido aplicando el gobierno desde que inició sus funciones.
La tranquilidad que motiva esta declaración está originada en las disposiciones del Decreto 486-12 que limita nuestras funciones a tramitar las investigaciones que, estudiadas y calificadas como penales por nuestra Dirección de Investigaciones deben ser referidas a la Procuraduría General.
No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República; la hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia.