Reafirman compromiso para seguir fortaleciendo e implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública
Santo Domingo-, La dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), presentó un informe ante la Trigésima Séptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), donde se explicaron los avances que ha tenido la República Dominicana tras implementar las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las cinco primeras rondas de análisis.
Durante la comparecencia, la directora ejecutiva de la DIGEIG, Berenice Barinas Ubiñas, expresó que el Gobierno de la República Dominicana ha iniciado un proceso de transformación con miras a una restauración institucional.
Explicó que, para tales fines, a partir de agosto de 2021, dio inicio el Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado, llevado a cabo en el marco del Consejo Económico y Social (CES), como órgano consultivo e instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad.
“Durante el año 2021, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), puso en marcha la primera etapa del Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR), que permite identificar cuáles procesos contienen violaciones de criticidad leve, intermedia y de urgencia. Este sistema ha aumentado de un 20% a 25% los procesos analizados a profundidad y ha reducido en un 65% los tiempos de revisión de los procedimientos”, resaltó Barinas.
Destacó además la implementación de la Ley 167-21 de fecha 19 de mayo del 2021, que tiene como objetivo la mejora regulatoria y simplificación de trámites administrativos.
“Esta nueva normativa es un mecanismo importante para la prevención de la corrupción administrativa, ya que, con la simplificación de procedimientos administrativos, la estandarización y optimización de los procedimientos administrativos permitirá la mejora o disminución de pasos y plazos para su atención y costos de tramitación, dando menos espacio a actuaciones no apegadas a la legalidad”, indicó.
Barinas destacó además la promulgación de la nueva la Ley General de Aduanas No. 168-21 de fecha 09 de agosto de 2021, que tiene como objetivos, facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior.
Ponderó también los avances en cuanto a la recuperación de los activos separados del erario por corrupción, señalando que mediante el Decreto 499-21, se dispuso la constitución de un fideicomiso público, irrevocable, de administración, inversión, operación, fuente de pago, garantía y oferta pública, denominado Fideicomiso de Patrimonio Público Recuperado.
Se refirió además al decreto No. 713-21, que consiste en la creación del primer Foro Multiactor para el Gobierno Abierto de la República Dominicana, el cual tiene como objeto fomentar los principios de Gobierno Abierto a ser implementados en la Administración Pública dominicana.
“Otro avance importante, es la transformación de las Comisiones de Ética Publica en Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN). Mediante el Decreto No. 791-21, Dentro de las motivaciones de ese decreto considera la “transformación de las Comisiones de Ética Pública como herramienta e instrumento operativo, que debe constituirse en el paso necesario para la creación de un Sistema Nacional de Integridad, de una política de Estado a través de un Plan Nacional contra la Corrupción y de estrategias institucionales como los planes contra la corrupción”, destacó la doctora Berenice.
La directora ejecutiva de la DIGEIG reseñó finalmente que el compromiso exhibido por el Ministerio Público de cara a la persecución de la corrupción administrativa y de la sustracción de los bienes públicos durante este periodo, ha contribuido al rescate de la confianza y ha permitido transformar una institución que antes era reactiva ante la criminalidad organizada y de cuello blanco, en un Ministerio Público que evidencia un compromiso firme con la institucionalidad y una tolerancia cero a la impunidad.