Presidente Luis Abinader destaca labores realizadas desde la Dirección General de Ética Gubernamental para fomentar las buenas prácticas en el Gobierno.
SANTO DOMINGO, – República Dominicana implementa reformas para expandir y consolidar la transparencia e integridad del sector público, y promover una mayor participación ciudadana en el control del gasto público, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este fue uno de los temas destacados durante el marco del Diálogo Regional de Políticas sobre Transparencia e Integridad, un evento anual organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el BID, con la contraparte de Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) de la República Dominicana.
La República Dominicana está definiendo con el BID los detalles de un programa de inversiones para adelantar reformas que ayudarán al país a fortalecer y consolidar sus mecanismos de integridad en el sistema de contratación pública, reforzar el control interno, fomentar el gobierno abierto y la ética pública, y apoyar la implementación de políticas de transparencia del gasto público. El apoyo financiero y técnico del BID busca impulsar la agenda de integridad y transparencia en el país.
«No hay acción transformadora sin principios, sin ética y sin integridad en el ejercicio del poder», dijo Abinader durante la apertura del evento, que este año se está llevando a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 16 al 18 de noviembre.
Durante su intervención, el presidente Luis Abinader también resaltó los diversos proyectos y decálogos de buenas prácticas que vinculan a todos los estamentos del gobierno, realizados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Doctora Milagros Ortiz Bosch.
«Buen ejemplo de ello es nuestro portal de trasparencia, donde cualquiera puede acceder a la información de contratos públicos, licitaciones, sueldos, planes. Todo esta ahí, porque no hay nada que ocultar», destacó el mandatario.
La República Dominicana a fines de 2020 creó el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control de Gastos Público dentro de la oficina de la Presidencia de la República. El gabinete tiene el objetivo de impulsar dentro de la administración pública las políticas, directrices y mecanismos para atender los desafíos de ética, transparencia, eficiencia y efectividad de la inversión y el gasto público.
“Este apoyo muestra nuestro compromiso con la transparencia e integridad en América Latina y el Caribe al ser esta área un elemento clave para promover la recuperación económica sostenible e inclusiva en la postpandemia dentro de nuestra estrategia Visión 2025’’, de acuerdo con el gerente general de BID Invest James P. Scriven, quien participó en nombre del Grupo BID en la apertura del evento.
“Al apoyar a los países en avanzar en sus agendas de transparencia e integridad, estamos promoviendo un mejor uso de los recursos públicos y dando una fuerte señal que nuestra región está fortaleciendo el estado de derecho y sus instituciones, importantes pilares para la atracción de inversiones privadas que serán pilares vitales para sostener el desarrollo continuo de nuestra región”, dijo Scriven.
El país busca apalancar el uso de tecnologías digitales para expandir y fortalecer el portal de compras públicas nacional y facilitar el intercambio de información entre diferentes bases de datos gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con la inversión pública y la gestión financiera.
La mayor interoperabilidad de diferentes sistemas aumentará el acceso a la información y permitirá la implementación de procesos y controles internos relacionados con la transparencia e integridad en las compras públicas. El apoyo del BID también ayudará el país a impulsar las políticas de integridad que pueden implementar tanto los gobiernos, como el sector privado en la lucha contra el flagelo de la corrupción.
El BID es la institución multilateral líder en el financiamiento y en la provisión de asistencia técnica a proyectos de transparencia, integridad y control de la corrupción en América Latina y el Caribe. Con más de $23 millones en cooperaciones técnicas aprobadas desde 2007 para mejorar la transparencia y la integridad en el sector público y privado en la región, nuestros países miembros han iniciado programas de préstamos por más de 2 billones de dólares para esta agenda.
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